Por Matías Leandro Rodríguez – Comunicador, Abogado 

En tiempos donde el lenguaje del poder se mimetiza con el de la amenaza, y donde el desacuerdo se equipara peligrosamente con el delito, vale la pena recordar que la protesta social no solo es un derecho: es también una forma legítima de participación política. En otras palabras, es el pueblo ejerciendo su rol soberano, aún cuando los canales institucionales parezcan clausurados o sordos.

La Constitución Nacional no fue redactada para proteger gobiernos sino derechos. El art. 14 garantiza a “todos los habitantes de la Nación” el derecho de “peticionar a las autoridades”. No dice cómo, ni cuándo, ni bajo qué condiciones previas. Lo dice con la claridad que se reserva a los principios: peticionar es un acto inherente a la ciudadanía democrática.

Frente al avance de políticas que profundizan la desigualdad, desfinancian los derechos sociales y desarticulan los dispositivos públicos de contención, las calles se transforman en el escenario donde se reactiva el contrato constitucional originario. Porque cuando el Congreso legisla sin debate y el Ejecutivo gobierna por decreto, la legitimidad deja de ser un mero número en el Boletín Oficial. Se mide en cuerpos. En cuerpos presentes, dolientes, activos, visibles.

Y sin embargo, el actual discurso gubernamental insiste en criminalizar la protesta, apelando a una idea distorsionada del orden. Un orden que parece confundirse con obediencia ciega, y que convierte el espacio público en un territorio vedado al disenso. Así se justifica la represión, la estigmatización, la creación de registros de manifestantes, y la amenaza constante de cárcel para quienes, simplemente, alzan la voz.

Esto no es nuevo. Pero duele más cuando se pretende hacer pasar por modernidad lo que en verdad es restauración. Cuando el Poder Ejecutivo se propone como “la ley” —sustrayendo facultades al Congreso y al Poder Judicial— se erosiona el principio republicano. Y cuando se reprime a quienes protestan pacíficamente, se está vulnerando, al menos, el art. 19 de la Constitución, el 14 bis, y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica o el PIDESC.

La Corte Suprema, por su parte, guarda un silencio atronador. Y ese silencio también es una forma de intervención: callar frente a la violencia institucional es elegir un bando.

Quienes trabajamos en el derecho —especialmente en sus márgenes más sensibles, como la niñez, la salud mental, la violencia o la pobreza estructural— sabemos que la ley no es solo norma: es también interpretación, práctica, poder y símbolo. Por eso no alcanza con recitar artículos. Hay que leerlos con los ojos puestos en la realidad y el corazón dispuesto a conmoverse.

Hoy, la calle vuelve a ser un tribunal. No uno de castigo, sino de memoria, de reclamo, de ciudadanía activa. Un tribunal donde el pueblo interpela al sistema: no para derrocarlo, sino para recordarle su origen y su deuda.

Porque si la Constitución se aplica solo cuando conviene a los poderosos, entonces deja de ser un pacto y pasa a ser un decorado. Y cuando eso ocurre, es el pueblo quien tiene el deber —no solo el derecho— de ocupar su lugar en la escena pública y devolverle sentido al orden constitucional.