Por Matías Leandro Rodríguez – Abogado, Comunicador 

Las declaraciones de Peter Lamelas, designado por Donald Trump como embajador en la Argentina, exceden con creces el marco de la diplomacia y rozan, sin eufemismos, una inaceptable injerencia extranjera en asuntos internos. Lo preocupante no es sólo el tono arrogante, sino el fondo de sus afirmaciones: “vigilar a las provincias para frenar la corrupción china”, “apoyar a Milei como único garante de estabilidad”, y, en un acto de abierta intromisión judicial, exigir que Cristina Fernández “reciba la justicia que merece”.

Todo esto, desde una mirada constitucional seria, es grave. Porque el artículo 5 de nuestra Constitución garantiza la autonomía de las provincias, y el artículo 75 inciso 15 impide expresamente a poderes extranjeros entrometerse en la administración de justicia nacional. La inmunidad que goza un embajador no incluye habilitación para fiscalizar causas judiciales ni para imponer líneas ideológicas. ¿Desde cuándo los representantes diplomáticos traen bajo el brazo listas negras?

Pero el silencio del Gobierno argentino lo vuelve aún más alarmante. Cuando el Presidente de la Nación omite cualquier tipo de repudio a semejantes dichos, se convierte en cómplice pasivo de una práctica colonialista que creíamos superada. Porque no se trata solo de Milei o de Lamelas. Se trata de soberanía, de institucionalidad, de límites republicanos.

Afirmar que un embajador va a “monitorear a las provincias” por eventuales acuerdos con China no sólo es irrespetuoso: es violatorio del federalismo. ¿Qué rol cumple entonces el Congreso de la Nación? ¿Qué queda de la cláusula del art. 1 de la Constitución que nos declara una Nación federal y representativa? El nuevo embajador parece desconocer – o despreciar – nuestra organización institucional, y eso no es diplomacia: es tutela.

Y no es casual. Lamelas no es diplomático de carrera. Es un empresario donante del trumpismo con escasa formación en relaciones internacionales. Lo que sí tiene es agenda: una que busca instalar en nuestro territorio la lógica de bloques, de guerras ideológicas importadas, de interferencias políticas en clave de Guerra Fría. El problema es que esa lógica choca con una cláusula de nuestra Constitución tan sencilla como poderosa: la autodeterminación de nuestro pueblo no se negocia.

Quienes estudiamos Derecho sabemos que las formas importan. Que los equilibrios entre poderes, las competencias provinciales y los límites al poder extranjero son la base de cualquier república democrática. Por eso, permitir este tipo de declaraciones sin respuesta institucional es un acto de renuncia.

Porque lo que está en juego no es el peronismo, ni China, ni Milei.

Lo que está en juego es la soberanía constitucional de la República Argentina.