Por Matías Leandro Rodríguez – Abogado, Comunicador 

Hay protocolos que se escriben como si no los hubiera escrito nadie. Como si hubieran bajado de un algoritmo, de un excel, de un despacho donde la palabra “niñez” es una categoría estadística y no la risa de alguien a quien amamos.

Este protocolo – ese que dice que un chico puede ser separado de su madre porque vive en la calle – tiene la frialdad de las grandes obscenidades burocráticas. Una frialdad que disimula mal: lo que late detrás es la vieja sospecha de siempre, la certeza de que la pobreza es un fallo moral.

Pero hay que decirlo con todas las letras: la pobreza no es abandono. Dormir en la calle no es maltrato. El hambre no es delito de los padres, es crimen del Estado. Y cuando el Estado decide arrancar a un niño de su madre en nombre de “protegerlo”, lo que hace es castigar dos veces a los mismos: primero, dejándolos sin techo; después, quitándoles lo poco que les queda, que es su vínculo.

¿Quién redacta algo así? ¿Quién pone la firma? ¿Quién decide que una madre pobre es peor que un hogar sustituto frío, anónimo, ajeno? Hay una violencia callada en esas decisiones, una violencia que se justifica en nombre del cuidado. Es la crueldad sofisticada de nuestra época: se arranca para “proteger”, se destruye para “salvar”.

Escrito así, con membrete y jerga técnica, parece una política. En realidad, es una confesión: el Estado se declara incapaz de resolver la miseria, pero capaz de convertir la miseria en causal de destitución de la infancia.

Nadie debería sorprenderse: ya lo vimos antes. Es la misma vieja idea que inventó patronatos, hospicios y tribunales que decidían quién merecía ser madre y quién no. La novedad es que hoy vuelve disfrazada de protocolo, con palabras modernas, con la bendición silenciosa de la burocracia.

¿Dónde queda la Constitución, que dice que la familia es el núcleo de la sociedad y merece protección? ¿Dónde queda la Convención, que nos obliga a no separar por pobreza? Queda arrumbada en la letra muerta, porque la letra viva, la que de verdad decide, es la de los despachos que naturalizan que el hambre sea prueba, que la calle sea causal, que la miseria sea sentencia.

Un niño separado de su madre porque vive en la calle no está siendo protegido. Está siendo castigado. Está siendo usado como escudo para encubrir la incapacidad estatal. Está siendo arrancado, en nombre de un derecho, de lo único que todavía le da sentido: el amor de los suyos.

Hay políticas que no son errores: son obscenidades. Este protocolo es una de ellas.