Por Matías Leandro Rodríguez – Abogado, Comunicador 

Soy hijo de la universidad pública. No en sentido figurado: mi vida, mi oficio, mis posibilidades, mi dignidad, son fruto directo de haber cruzado sus puertas. Y sé que no estoy solo: miles y miles en este país llevamos esa misma marca en la piel y en el corazón.

La universidad pública no es un lugar más. Es un territorio donde los sueños de las familias se vuelven posibles. Es el aula donde alguien que jamás pensó que podía “ser alguien” descubre que ya lo era, pero ahora con herramientas para defenderse en un mundo desigual. Es la biblioteca donde conviven los hijos de obreros con los hijos de empresarios, sin distinción ni privilegios. Es ese milagro laico y colectivo que nos dice que la educación es un derecho, no un privilegio.

Por eso, cuando se veta una ley que garantiza más recursos para las universidades, no se está tocando un número de presupuesto. Se está tocando a cada estudiante que viaja horas en colectivo para cursar. A cada docente que sostiene la pasión por enseñar aunque su salario no lo reconozca. A cada familia que se emociona al ver la primera generación recibirse.

Lo terrible del veto no está en la tinta de una firma: está en el mensaje que envía. Nos dice que la educación superior puede esperar. Que la igualdad puede esperar. Que el futuro puede esperar. Pero el futuro no espera: se construye o se pierde.

La universidad pública es quizás el invento más democrático que tenemos en la Argentina. No hay peaje de entrada ni ticket de salida. Lo único que se exige es esfuerzo, dedicación y tiempo. Y quienes hemos pasado por sus aulas sabemos que eso no solo cambia biografías individuales: cambia la historia de familias enteras, cambia pueblos, cambia destinos.

Defender la universidad pública no es una cuestión partidaria: es una cuestión de sentido común, de humanidad, de memoria. Porque si algo nos distingue como país, es que aquí, en este rincón del mundo, alguien puede ser el primero de su familia en recibirse sin deberle un peso a nadie. Y eso no tiene precio.

El veto podrá borrar una ley, pero no podrá borrar la certeza de que la universidad pública nos hizo más libres, más iguales y más capaces de soñar juntos. Porque recortar a la universidad pública no es ajustar un presupuesto: es apagar la única lámpara que ilumina parejo a todos. 

Y un país que renuncia a esa luz no se vuelve más austero: se vuelve más oscuro.