Queridos angosturenses:

Me dirijo a ustedes con profunda preocupación por la situación que estamos atravesando como comunidad. En estos días hemos sido testigos de cómo el propio Poder Ejecutivo Municipal avala y promueve la ocupación ilegal de terrenos privados por parte de grupos radicalizados que se autodenominan “mapuches”.

No se trata aquí de un conflicto aislado, sino de un problema que toca el corazón mismo de nuestra convivencia: el respeto al derecho a la propiedad privada, principio básico de cualquier sociedad democrática y ordenada. La decisión de proveer servicios públicos —como medidores comunitarios, electricidad y otros beneficios— a terrenos usurpados, sin títulos ni respaldo legal, significa un atropello directo a quienes respetamos la ley, trabajamos, pagamos impuestos y hacemos un esfuerzo cotidiano para mantener en pie nuestra vida y la de nuestras familias.

Es imposible no señalar la incoherencia del actual Intendente, Javier Murer, quien en el pasado se manifestó abiertamente en contra de la existencia de la supuesta comunidad “Paisil Antriao”, defendiendo en aquel entonces las tierras de su propia familia en la zona de las usurpaciones. Sin embargo, al llegar a la Intendencia, cambió radicalmente de posición, avalando ahora lo que antes rechazaba con firmeza.

Esta contradicción no solo erosiona su credibilidad, sino que expone a toda la comunidad a decisiones arbitrarias que ponen en riesgo nuestros derechos.

Y no podemos dejar que se instale una falsa narrativa: estas usurpaciones están lejos de tener que ver con una posesión ancestral de comunidades originarias o con derechos históricos. Muy por el contrario, se trata de un negocio inmobiliario impulsado por unos pocos vivos que, bajo un disfraz ideológico, hacen negocios a costa de todos.

Aprovechan las necesidades genuinas de muchas familias que llegan a Villa La Angostura en busca de un hogar y que se encuentran con un mercado de vivienda y de alquiler cada vez más inaccesible. El resultado es una doble injusticia: se pisotea el derecho de propiedad y al mismo tiempo se manipula la necesidad de los que menos tienen.

Frente a este agravio, no podemos permanecer indiferentes ni resignarnos. Hoy más que nunca necesitamos reaccionar como comunidad, levantar la voz y defender juntos los valores que nos unen: el respeto a la ley, la igualdad de derechos y obligaciones, y la convivencia pacífica entre vecinos.

Este no es un problema individual: nos afecta a todos. Si hoy se habilita que el poder municipal premie la usurpación, mañana cualquiera de nosotros puede ver vulnerados sus derechos sin tener protección ni justicia.

Por eso, invito a cada angosturense a reflexionar y a actuar en conjunto, a organizarnos con firmeza pero con respeto, para exigir a las autoridades que cumplan con su deber: garantizar la seguridad jurídica y velar por los intereses de todos los ciudadanos por igual.

Y en este sentido, hago un llamado al Honorable Concejo Deliberante de Villa La Angostura para que se pronuncie con claridad frente a esta situación. Ya en el pasado se expresó en contra de las usurpaciones y de la existencia de una supuesta comunidad mapuche en estas tierras. Nuestra propia Carta Orgánica Municipal, de la que el actual Intendente fue constituyente,no reconoció en ningún momento la preexistencia de comunidades en el ejido.

Es hora de reafirmar esa posición y de dar un mensaje inequívoco a la ciudadanía: en Villa La Angostura se respetan la ley, la propiedad privada y la convivencia en paz.

Nuestra comunidad siempre se caracterizó por la solidaridad, el trabajo y la defensa de lo que es justo. No dejemos que nos arrebaten esos valores.

Luz Ricardes
Referente de LLA
Candidata a Diputada Nacional