Por Gerardo Minnaard.

Cuanto tiempo ha pasado desde que el decreto 0211/1999 promulgó la ley 2302, a decir de muchos una ley pionera en la argentina, que estableció la protección integral de niños y adolescentes como sujetos de derecho. Ahora una vez más nuestros niños, niñas y adolescentes se convierten en rehenes de reclamos salariales. Nadie discute que ambos derechos gozan de rango constitucional, como tampoco se discute que cuando se encuentran en pugna derechos de adultos y de niños, niñas y adolescentes estos sin lugar a duda tienen prioridad.

Nuevamente a poco de culminar el año lectivo miles de niños neuquinos se ven privados de su derecho a la educación porque los que dirigen el destino de la provincia no han podido resolver el dilema ante la pugna de intereses. La solución la tiene en las manos nuestros legisladores, tienen que hacerse cargo y dar una solución definitiva al problema con el que han crecido las últimas generaciones; las estadísticas reflejan el inexorable camino a alpargatas si libros no.

Ha llegado el momento de dar el salto, dejar el pasado atrás y avanzar en el único camino posible “la declaración de la educación como servicio público esencial”, como lo son la salud, la justicia, la seguridad, la recolección de residuos, etc. Y en el mientras tanto, se podrá pensar una solución para abordar la contingencia, propongo contratar servicios de limpiezas eventuales para cubrir los días de paro en los establecimientos educativos, abonar con el producido de la retención de los días no trabajados por los empleados que adhieran al paro. O solución definitiva como seria tercerizar el servicio como lo han hecho salud y la justicia.

El objetivo es uno solo, priorizar el interés superior del niño, para una nación grande, libre y soberana necesitamos garantizar la educación, derecho humano fundamental, herramienta contra la pobreza, motor de desarrollo y promotor de derecho, porque es lo que permite a los ciudadanos conocer y ejercer sus derechos fundamentales.