Por Matías Leandro Rodríguez – Abogado, Comunicador / IG matiasleandro09 /

Hay fechas que funcionan como un simple recordatorio gremial, y otras que exponen con crudeza cuál es la verdadera deuda del Poder Judicial. El 16 de noviembre pertenece a esta segunda categoría. No porque falten motivos para reconocer el trabajo cotidiano, sino porque es justo en este día cuando más evidente debería volverse una verdad incómoda: la justicia no se sostiene con presencia física, sino con compromiso ético.

Desde una mirada constitucional, lo verdaderamente urgente no es preguntarnos qué estructura necesitamos, sino qué tipo de responsabilidad estamos ejerciendo cuando intervenimos en la vida de las personas. Esa pregunta – incómoda, poco solemne, profundamente humana – es la que el sistema evita formularse.

Y sin embargo, es la única que importa.

En el corazón del Poder Judicial conviven dos lógicas.

Una, la de quienes asumen que su trabajo tiene impacto: que cada intervención, cada firma, cada audiencia es un acto estatal que puede reparar o quebrar un proyecto de vida.

La otra, la de quienes se refugian en la inercia: el “cumplo con estar”, la neutralidad confundida con distancia, el trámite que se convierte en excusa para no mirar.

Esa segunda lógica es la que desnuda la fragilidad constitucional de nuestro sistema:

un poder que decide sobre derechos fundamentales sin hacerse cargo emocional, ético y humano del alcance de esas decisiones.

No es un problema técnico. No es un problema de diseño.

Es un problema de sentido.

Quienes trabajamos en el ámbito judicial – desde una Asesoría hasta la Corte – somos parte de un engranaje que tiene la obligación constitucional de garantizar derechos. ¿Cómo garantizar algo cuando la empatía se percibe como debilidad? ¿Cómo hacer justicia si la presencia se limita al horario y no al compromiso? ¿Cómo hablar de imparcialidad cuando la distancia se transforma en indiferencia?

La verdadera cuestión constitucional no es la “arquitectura institucional”:

es la cultura judicial que legitima la desconexión con las personas reales que atraviesan el sistema.

En el trabajo con niñas, niños y adolescentes esto se vuelve evidente. Allí no se discuten abstracciones: se discuten cuerpos, historias, dolores que no esperan, urgencias que no admiten “volver mañana”. Lo que se define no es un expediente, sino una vida.

Y sin embargo, todavía existe la cómoda ilusión de que el deber estatal termina con cumplir el procedimiento.

Eso no es imparcialidad.

Es renuncia.

La Constitución no exige frialdad. Exige responsabilidad.

Y la responsabilidad implica involucrarse, mirar de frente, asumir el peso humano de lo que decidimos – o de lo que postergamos.

Hoy, 16 de noviembre, deberíamos preguntarnos sin anestesia:

¿estamos garantizando derechos o administrando trámites?

¿Estamos acompañando a las personas o simplemente sobreviviendo al día?

¿Estamos honrando la función judicial o reduciéndola a un oficio que se cumple “porque toca”?

El sistema judicial no se humaniza con reformas ni con discursos: se humaniza con trabajo real.

Con la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿Qué le pasa a esta persona?

Con la mirada que no se evade.

Con la convicción de que el Estado – cuando interviene – debe hacerlo con la mayor densidad ética posible.

La justicia no se construye en abstracto.

Se construye en cada acto, en cada escucha, en cada decisión que revela si somos parte del problema o parte de la reparación.

Por eso este día no es solo un homenaje.

Es un desafío.

Y quizás, si somos honestos, sea también una invitación a dejar atrás la comodidad de la presencia mínima para recuperar lo único que puede darle legitimidad verdadera al Poder Judicial: la humanidad de quienes lo sostienen.