Por Matías Leandro Rodríguez – Abogado, Comunicador / IG matiasleandro09 /

Hay momentos en que el derecho deja de ser un ejercicio técnico para convertirse en un espejo moral de la democracia. La vacante – o mejor dicho, las vacantes – en la Suprema Corte bonaerense son exactamente eso: el reflejo nítido de un Poder Judicial que llega al siglo XXI arrastrando una deuda histórica con las mujeres. Y no una deuda abstracta, simbólica o discursiva, sino una deuda concreta con la igualdad constitucional.

La Constitución no habla de privilegios. Habla de igualdad real. Y la igualdad real no ocurre por combustión espontánea: necesita decisiones políticas, voluntad institucional y un sentido republicano que se anime a desafiar inercias. Hoy la Corte provincial funciona con una composición reducida, desactualizada y, sobre todo, profundamente desequilibrada en términos de género. No se trata de incorporar mujeres “si se puede” o “si aparece el nombre adecuado”. Se trata de cumplir con el mandato de representación democrática que sostiene la legitimidad misma de un tribunal superior.

Una Corte que no refleja a la sociedad que juzga es una Corte amputada. Y una Corte amputada no puede garantizar una justicia íntegra.

Designar mujeres no es un gesto de cortesía progresista ni una estrategia para rellenar estadísticas de paridad. Es una obligación constitucional derivada del principio de igualdad, del deber estatal de remover obstáculos y de la comprensión más básica de la justicia estructural. La Provincia no puede seguir sosteniendo un tribunal supremo que se parezca más a un vestigio del siglo pasado que a una institución del presente. Completar la Corte es urgente; completarla con perspectiva de género es ineludible.

Porque cuando los cargos más altos del Poder Judicial quedan reservados, en los hechos, a un grupo homogéneo, no estamos frente a una casualidad sino a una práctica histórica de exclusión. Y frente a una práctica histórica de exclusión, no alcanza con esperar que el tiempo “acomode” las cosas. Hay que intervenir.

Nombrar mujeres en la Corte bonaerense no es “abrir una puerta”: es devolver un derecho que nunca debió ser negado.

También es asumir, con honestidad, que la imparcialidad no surge de la neutralidad vacía, sino de la pluralidad. Las experiencias diversas enriquecen la interpretación constitucional, aportan miradas que fueron sistemáticamente ignoradas y fortalecen la legitimidad del Poder Judicial ante la sociedad. Una Corte más plural es una Corte más fuerte.

Y aquí resulta necesario hacer una aclaración que – sobre todo desde la voz de un hombre – importa. No se trata de hablar “en nombre” de las mujeres. Tampoco de ocupar un espacio discursivo ajeno con la ansiedad del aliado ruidoso. Se trata, simplemente, de reconocer que la arquitectura institucional argentina fue diseñada y administrada, durante generaciones, por varones que ocuparon casi todo el aire disponible. Esa conciencia histórica no genera culpa, genera responsabilidad. No es un ejercicio moralista: es un acto de honestidad democrática.

Quien ocupa un lugar privilegiado en una estructura desigual no tiene por qué pedir disculpas por existir; tiene, eso sí, la obligación ética de no fingir que esa desigualdad no existe.

Por eso este reclamo no es paternalista ni declamatorio: es republicano. Una Corte integrada de manera plural no es una concesión de un poder hacia un colectivo; es el cumplimiento de un mandato constitucional que beneficia a toda la ciudadanía.

Una Corte completa, diversa y con presencia sustantiva de mujeres no es una aspiración. Es el piso mínimo de una justicia verdaderamente constitucional. Si la Provincia quiere honrar su historia, debe empezar por corregir sus silencios. Y el más estridente, el que resuena hace décadas, es este: sin mujeres en la Corte, la igualdad es una promesa incumplida.

Quienes deben decidir lo saben: completar la Corte no es un trámite; es un acto fundante. Y hacerlo sin mujeres ya no es una opción jurídicamente válida ni éticamente defendible. Si la Provincia quiere futuro, tendrá que dejar de administrar la desigualdad como si fuera una tradición. Hay decisiones que definen épocas. Esta es una.