Por Familia Bianchedi de Terzolo  – Familia Mattana Bezosi- Familia Romano – Monti, Martín Bianchini y Jorge Bernardi

Después de varios años y ante una serie de Fallos de la Justicia Civil, los vecinos que fueron victimas de la usurpación de sus propiedades, piden a los Jueces y autoridades políticas de la Provincia de Neuquen, a las Autoridades de la Municipalidad de Villa la Angostura que se apliquen los fallos.

Carta Textual:

Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Neuquen.

Sres. Jueces

Sr. Intendente Municipal- Concejo Deliberante

Sr. Gobernador de la Provincia del Neuquen

Comunidad de Villa la Angostura

Presente.

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, venimos por el presente a poner en conocimiento de la Sociedad y de las Autoridades, la situación de violencia e ilegalidad que hemos padecido y seguimos padeciendo como ciudadanos respetuosos de las Constituciones y normas que regulan el estado de derecho en nuestro querido PAIS.

Hemos sido víctimas de usurpaciones e intrusiones ilegales por varios años, ejecutadas por de vecinos y familias que bajo el velo de la Pseudo Comunidad Paicil Antriao, y siendo  amparados por una política populista que hoy es parte del pasado.-

Solo tuvimos eco y una respuesta efectiva por parte de la Justicia Civil, lenta pero ha llegado.

Luego de una larga y agotadora espera, y con la sensación de encontrarnos inmersos en procesos judiciales engorrosos e interminables, y ante lo irrefutable de los derechos esgrimidos por esta parte, hemos obtenido los fallos judiciales que se ajustan a los derechos que exigimos que se respeten: el derecho a la propiedad privada e igualdad ante la ley.  

Como consecuencia de ello, nos encontramos en la etapa final de este largo proceso tendiente a que los verdaderos y legítimos propiedades de los inmuebles intrusados podamos recuperar yrestablecer nuestro derecho de propiedad y libre disposición de lo que nos corresponde por ley y derecho.

En atención a las reiteradas manifestaciones vertidas en distintos medios de comunicación locales y provinciales por parte de los voceros del vecino Pais (CHILE) enmascarados en la Pseudo Comunidad Paicil Antriao, la sociedad ha conocido a estos dos personajes en la localidad solo por el Usufructo del Camping Correntoso de la MVLA.-

Consideramos imprescindible expresar nuestra profunda preocupación ante declaraciones cargadas de desprecio y violencia tanto hacia los verdaderos propietarios y sus representantes, como hacia la propia administración de justicia.

Estas expresiones no solo distorsionan deliberadamente la realidad, sino que además buscan instalar en la opinión pública la falsa idea de que existe un supuesto “hostigamiento judicial indiscriminado”, cuando lo que ha tenido lugar es, precisamente, el ejercicio pleno de los derechos y garantías que rigen en un Estado de Derecho.

Obtener una sentencia que no coincide con los deseos o expectativas de una de las partes no constituye persecución alguna, Muy por el contrario: es el resultado natural de procesos judiciales exhaustivos, transparentes y debidamente tramitados, en los cuales todos los involucrados tuvieron la oportunidad de ser oídos en varias instancias, aportar pruebas y ejercer su defensa en igualdad de condiciones.

La Justicia ha fallado con base en el derecho vigente y en los hechos acreditados, y esas decisiones deben ser acatadas.

No existe democracia posible si cada individuo pretende situarse por encima de la ley cuando los fallos no le resultan favorables.

Preocupa especialmente que algunas de estas declaraciones incluyan afirmaciones como anunciar públicamente la intención de incumplir una sentencia firme (DELITO) no solo frustra cualquier instancia de entendimiento, sino que constituye un abierto desafío al orden jurídico.

Por lo cual, afirmar “seguimos abiertos al diálogo, pero no vamos a abandonar el territorio”, contradice la esencia misma del diálogo.

Del mismo modo, calificaciones como las que solicitan “poner un freno a jueces que promueven violencia y despojo” invierten peligrosamente la realidad. La verdadera promoción de la violencia y del despojo consiste, precisamente, en desconocer una sentencia judicial, mantener ocupaciones ilegales y pretender erigirse en autoridad por encima de los tribunales y del resto de los ciudadanos que día a día cumplen la ley y respetan lo ajeno para sostener la convivencia en una sociedad democrática.

Frente a dichas manifestaciones públicas, creemos fundamental reafirmar que el Poder Judicial ha actuado dentro de sus competencias, conforme a derecho y con apego estricto a las garantías constitucionales. El descrédito hacia la Justicia, hacia las instituciones y hacia los vecinos afectados no contribuye al diálogo ni a la paz social, sino que profundiza el conflicto e intenta legitimar situaciones que jamás deberían ser admitidas ni toleradas.

La indiscutible y públicamente conocida historia de nuestra localidad, junto con lo producido en los distintos procesos judiciales iniciados a raíz de las ocupaciones atribuidas a supuestas comunidades mapuche en los lotes involucrados, permite afirmar con claridad que la realidad dista de la versión que durante años estos grupos de personas buscaron instalar en el debate público.

A través de procedimientos exhaustivos la Justicia ha arribado a decisiones firmes que esclarecen los hechos y descartan atribuciones identitarias carentes de sustento.

Estas sentencias, fundadas en derecho y en el marco de nuestra legislación vigente, no solo reconocen los derechos de quienes fuimos afectados por las intrusiones ilegales, sino que también ponen fin a una prolongada situación de incertidumbre social y jurídica.

Su respeto y cumplimiento resultan indispensables para restablecer la seguridad jurídica, preservar la convivencia en nuestra comunidad y garantizar que el Estado de Derecho no sea una declamación sino una realidad efectiva para todos.

Hemos demostrado ser propietarios por que adquirimos legítimamente los inmuebles, para lo cual han intervenido los escribanos respectivos, se hicieron las mensuras y registraron ante Catastro Municipal y Provincial, se abonan todos los tributos que abarcan a los inmuebles, los títulos se encuentran debidamente registrados ante el Registro de la propiedad inmueble del Neuquen.

Ninguna de dichas circunstancias ha sido refutada por los intrusos.

Ha llegado el momento en que las decisiones judiciales sean acatadas sin más dilaciones. Del mismo modo en que cualquier ciudadano de bien cumple la ley y respeta los pronunciamientos de los tribunales, quienes han sido parte de estos procesos deben ajustarse a lo resuelto, sin excepciones ni privilegios de ningún tipo.

El Estado de Derecho exige igualdad en las cargas y en los deberes, aun cuando las decisiones resulten incómodas para quienes las reciben.

Frente a este escenario, corresponde preguntarnos como sociedad cuáles son, entonces, los límites que estas personas están dispuestas a respetar, y hasta qué punto se considera aceptable desconocer el orden jurídico vigente sin consecuencia alguna.

En lugar de invocar de manera reiterada supuestos “resguardos del territorio” que no encuentran respaldo en ningún antecedente histórico ni legal, sería deseable que expresen con claridad cuáles son sus verdaderas intenciones y hasta cuándo pretenden sostener una ocupación que vulnera derechos ajenos.

La situación del predio conocido como ex Camping Municipal Correntoso constituye otro ejemplo preocupante. Se trata de un espacio que durante más de dos décadas funcionó como balneario y camping bajo sucesivas concesiones municipales, y que hoy se encuentra ocupado sin fundamento alguno. La apropiación de un bien público para explotación privada al margen de la ley no resiste análisis, ni puede ser justificada bajo argumentos identitarios infundados.

En este contexto, resulta imperioso que la Justicia, la Municipalidad y la Provincia actúen con la firmeza y celeridad que el caso requiere, garantizando el cumplimiento de las sentencias y el restablecimiento del orden jurídico. Postergar indefinidamente la ejecución de los fallos solo perpetúa la vulneración de derechos y envía un mensaje profundamente dañino para la convivencia democrática.

Hoy dicen que están dispuestos a “DIALOGAR”… solo por que tienen una sentencia que los condena a desalojar!!

Hoy el dialogo puede existir luego de que desocupen las intrusiones, y el mismo tiene que corresponderse con los daños y perjuicios ocasionados por años de intrusión, impidiendo la libre disposición de los inmuebles, el dialogo puedo venir para evitar  la ejecución de los gastos, costas judiciales y perjuicios patrimoniales causados.-

Esperamos que estas palabras contribuyan a una reflexión profunda sobre la importancia de respetar la ley, las instituciones y los derechos de todos los ciudadanos, y confiamos en que más vecinos y vecinas de nuestra comunidad se animen a expresar con claridad y responsabilidad su compromiso con el orden jurídico y con la convivencia democrática que deseamos preservar.