Por Matías Leandro Rodríguez – Abogado, Comunicador / IG matiasleandro09 /

En las últimas semanas, mientras la agenda política bonaerense se ordena alrededor de discusiones presupuestarias y acuerdos legislativos, un tema de fondo volvió a emerger con persistencia silenciosa: las vacantes en la Suprema Corte de la Provincia. No como un episodio aislado, sino como parte de una conversación más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones y el sentido último del servicio de justicia.

En ese marco, el radicalismo volvió a plantear la necesidad de avanzar en la cobertura de los cargos pendientes. No desde la urgencia del reclamo coyuntural, sino desde la advertencia institucional: una Corte incompleta no es solo un problema administrativo, sino una forma de distancia institucional frente a los conflictos que esperan respuesta. El Ejecutivo, por su parte, asumió el compromiso de encauzar el proceso y darle una definición antes del receso judicial de mitad de año, un plazo que dialoga con los tiempos propios del Poder Judicial y con la necesidad de previsibilidad.

Las conversaciones, que reúnen a oficialismo y oposición, reflejan la complejidad del mapa político actual. Los acuerdos preliminares ensayan equilibrios entre fuerzas con historias y miradas distintas, pero con una coincidencia básica: la Suprema Corte no puede ser pensada como una abstracción ni como una pieza más del engranaje político, sino como una institución llamada a responder a conflictos reales, concretos, profundamente humanos. El entendimiento que asigna lugares según las representaciones legislativas es, en ese sentido, una fotografía transitoria de un proceso en movimiento.

A ese escenario se suman nuevos actores que reclaman participación en la discusión. La Libertad Avanza, con un peso parlamentario significativo, exige que esa representación tenga correlato en la integración del máximo tribunal. El reclamo introduce una capa adicional de debate y confirma que la discusión sobre la Corte ya no se limita a los actores tradicionales, sino que expresa transformaciones más amplias del sistema político bonaerense.

Los nombres que comienzan a circular – funcionarios del Ejecutivo, jueces con trayectoria, perfiles académicos – no son meras especulaciones. Cada uno condensa una concepción del derecho y del rol que debe asumir la Justicia en una sociedad atravesada por desigualdades persistentes. No se trata solo de antecedentes ni de solvencia técnica, sino de sensibilidad institucional. Porque una Suprema Corte no decide en el vacío, sino en contextos atravesados por vínculos, desigualdades y relaciones de poder que el derecho no puede desconocer. Decide sobre familias, sobre infancias, sobre cuerpos, sobre derechos que se juegan lejos de los grandes titulares.

En ese punto, la discusión adquiere otra profundidad. La pregunta deja de ser quién ocupará una silla y pasa a ser desde qué mirada se va a decidir sobre vidas concretas. Si la de un derecho encapsulado en sí mismo, replegado en fórmulas, o la de un derecho capaz de dejarse interpelar por la realidad social, por las transformaciones culturales y por la necesidad de pensar la justicia también desde el cuidado.

No resulta ajeno a este clima que, entre los nombres que resuenan, aparezca con especial fuerza el de Marisa Herrera. No como una postulación explícita, sino como una referencia que excede a las candidaturas. Herrera encarna una manera de pensar el derecho que no separa técnica de humanidad, ni dogmática de experiencia vital. Una mirada que ha insistido en que la Justicia no puede ser indiferente a las infancias, a las vulnerabilidades ni a los vínculos que sostienen lo social. Una perspectiva que recuerda que no hay técnica jurídica válida si pierde de vista a las personas a las que pretende proteger.

Mientras se descartan algunos nombres y otros ganan volumen, el escenario sigue abierto. El massismo impulsa alternativas propias, evalúa trayectorias, deja margen para figuras que aún no aparecen en la conversación pública. La política, como la Justicia, avanza por capas, con movimientos visibles y decisiones que se construyen en silencio.

Porque al final, cubrir una vacante no es llenar una silla: es decidir qué voz va a escuchar primero la Suprema Corte cuando el expediente se abra. Si la del trámite o la de la vida que lo originó. Y en ese gesto -aparentemente técnico, profundamente político – se juega si la Justicia será un edificio que administra conflictos o una institución capaz de reconocer, en cada caso, la dignidad de quienes llegan a ella.