A más de un año de haberse cumplido el décimo aniversario de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, el tiempo permite una lectura menos conmemorativa y más profunda. En 2026, cuando el ruido del aniversario ya se aquietó, conversamos con Matías Leandro Rodríguez para pensar qué dejaron realmente esos diez años, qué transformaciones se consolidaron y qué desafíos siguen abiertos en la construcción de un derecho que se pretende humano, democrático y eficaz.

—Ya pasaron diez años, de la implementación del nuevo Código, con la distancia que da el tiempo, ¿Cómo lees hoy ese proceso?

Hoy lo leo como una experiencia colectiva de aprendizaje, más que como un hito cerrado. Los aniversarios tienden a simplificar: celebran, enumeran logros, ordenan balances rápidos. Pero cuando el tiempo pasa, aparece otra dimensión, más honesta y más incómoda. Los diez años no fueron un punto de llegada; fueron un proceso de prueba, de tensiones, de resistencias y también de transformaciones reales.

Lo que dejaron, sobre todo, es la confirmación de que el derecho no cambia solo porque cambie la ley. Cambia cuando esa ley logra interpelar prácticas, lenguajes, decisiones cotidianas. En ese sentido, estos diez años mostraron tanto el enorme potencial del nuevo paradigma como sus límites cuando no es acompañado por políticas públicas, formación sostenida y una voluntad institucional clara de sostenerlo en el tiempo.

—¿Cuál dirías que fue el cambio más profundo que produjo esta década?

El cambio más profundo fue epistemológico. Se quebró – no sin conflicto – la idea de un derecho autosuficiente, cerrado sobre sí mismo, que podía resolver los conflictos humanos desde categorías abstractas y neutrales. En su lugar, se fue instalando la convicción de que todo conflicto jurídico es, antes que nada, un conflicto humano situado, atravesado por historias, vínculos, desigualdades y contextos.

Esto obligó a revisar conceptos tradicionales, a flexibilizar miradas rígidas y a asumir que decidir jurídicamente implica siempre una toma de posición. Ya no alcanza con “aplicar la norma correcta”; hoy se espera que quien decide explique por qué decide como decide, a quién protege y con qué impacto. Ese desplazamiento del centro – del texto a la vida – es, para mí, uno de los legados más potentes de estos diez años.

—¿Ese cambio se dio de manera pareja en todo el sistema?

No, y decirlo no implica desmerecer lo construido, sino asumir con honestidad el estado real de las cosas. Los diez años también dejaron al descubierto las profundas asimetrías internas del sistema jurídico. Hay ámbitos donde el cambio de paradigma fue asumido con convicción, reflexión y compromiso institucional, y otros donde se lo incorporó apenas como una retórica obligatoria, sin modificar prácticas de fondo.

Esto revela algo central: el derecho no es solo un conjunto de normas, sino una cultura. Y las culturas no cambian de manera uniforme ni inmediata. Requieren tiempo, formación, discusión y, sobre todo, voluntad política. La década mostró que no alcanza con tener buenos textos legales si quienes los aplican no están dispuestos a interrogar sus propias miradas, privilegios y formas de ejercer el poder.

—¿Qué enseñó el aniversario, más allá de la celebración?

Enseñó, con una claridad que incomodó a muchos, que la ley no es autosuficiente. Durante el aniversario hubo discursos que celebraron avances normativos – y con razón -, pero también emergió una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el derecho promete más de lo que el Estado está en condiciones de garantizar?

Los diez años funcionaron como una suerte de prueba de estrés del sistema. Permitieron ver dónde el derecho logró efectivamente transformar realidades y dónde se topó con límites estructurales: falta de recursos, fragmentación institucional, ausencia de políticas públicas integrales. Ese aprendizaje es valioso porque obliga a abandonar la ingenuidad normativa y a asumir que la eficacia de los derechos depende de decisiones políticas concretas.

—En este contexto, ¿qué lugar ocupa hoy la regulación? Hay discursos que tienden a verla como un obstáculo.

Ese es un debate central y profundamente ideológico, aunque muchas veces se lo disfrace de discusión técnica. Regular no es un acto neutral, pero tampoco es un exceso autoritario por definición. Regular es tomar partido: decidir qué valores se protegen, qué vínculos se cuidan y a quiénes se coloca en el centro de la tutela jurídica.

La experiencia de estos diez años mostró que la ausencia de regulación rara vez amplía libertades reales. Por el contrario, suele consolidar desigualdades existentes. Una regulación pensada desde los derechos humanos, en cambio, permite equilibrar relaciones asimétricas, visibilizar situaciones históricamente relegadas y ofrecer herramientas concretas de protección. El desafío no es regular menos, sino regular mejor, con conciencia de los impactos, con participación social y con capacidad de revisión permanente.

—¿Cómo dialoga esa idea de regulación con la autonomía personal?

La autonomía no puede pensarse de manera abstracta ni individualista. Se ejerce en contextos sociales concretos, atravesados por desigualdades económicas, de género, culturales y simbólicas. Regular es, muchas veces, crear las condiciones para que la autonomía sea algo más que una declaración retórica.

Sin regulación, la autonomía suele convertirse en un privilegio reservado a quienes ya cuentan con recursos. Los diez años dejaron claro que un derecho comprometido con la igualdad debe asumir una concepción relacional de la autonomía, que no desconozca las condiciones materiales y simbólicas en las que las personas toman decisiones.

—¿Qué papel juega la formación jurídica en esta etapa posterior a los diez años?

Un papel absolutamente estratégico. No se puede sostener un paradigma de derechos humanos con una formación jurídica anclada en esquemas del pasado. La enseñanza del derecho debe asumir una función pedagógica y política en el mejor sentido: formar profesionales capaces de pensar críticamente, de explicar el derecho, de escuchar y de intervenir con responsabilidad.

Estos diez años demostraron que cuando la formación no acompaña, el cambio se vuelve frágil. Por eso, hoy el desafío es profundamente pedagógico: qué derecho enseñamos, desde qué miradas y para qué tipo de sociedad. Formar juristas hoy es formar personas capaces de trabajar con complejidad y de asumir que el derecho no ofrece respuestas simples a problemas complejos.

—¿Qué lugar ocupa la interdisciplina en este escenario?

La interdisciplina dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad estructural. Los conflictos que llegan al sistema jurídico no son jurídicos en estado puro; son sociales, vinculares, económicos y emocionales. Pretender resolverlos solo desde categorías legales es una forma de empobrecimiento institucional.

Estos diez años mostraron que el derecho no pierde fuerza cuando dialoga con otros saberes; al contrario, gana legitimidad, profundidad y eficacia. La interdisciplina no relativiza el derecho: lo vuelve más responsable y más cercano a la vida.

—En este marco, ¿qué rol juega la composición de los tribunales superiores?

Un rol decisivo. No hay decisiones neutrales ni miradas neutrales. La composición de los tribunales, y en particular de las Cortes, impacta directamente en cómo se interpretan las normas, qué conflictos se consideran relevantes y qué derechos se priorizan.

La incorporación de mujeres en las Cortes provinciales no es una cuestión simbólica ni de corrección política. Es una exigencia democrática e institucional. Durante estos diez años vimos cómo determinadas trayectorias formadas en derechos humanos, perspectiva de género, derecho de las familias e interdisciplina permitieron interpretaciones más complejas, más cuidadosas y más ajustadas a la realidad social.

No se trata de personas individuales, sino de enfoques y recorridos. Juristas con trayectorias como la de Marisa Herrera muestran cómo una formación sólida, crítica y comprometida enriquece la función judicial. No porque “representen” a un sector, sino porque amplían el campo de lo visible y de lo decible en el derecho. Un tribunal homogéneo empobrece la deliberación; un tribunal plural mejora la calidad institucional.

—¿Por qué esas miradas son necesarias para todo lo que venís planteando?

Porque no se puede sostener un derecho centrado en las personas con tribunales que miren la realidad desde un único lugar. Las transformaciones que esta década habilitó – en materia de vínculos, cuidados, autonomías y desigualdades – requieren jueces y juezas capaces de comprender esa complejidad.

Incorporar mujeres con trayectorias comprometidas no es un gesto de buena voluntad ni una concesión simbólica: es una condición para que el derecho no retroceda. Es asegurar que las decisiones sigan dialogando con la vida real y no se replieguen en abstracciones cómodas que ya demostraron su insuficiencia.

—En 2026, ¿cómo pensás el acceso a la justicia?

Como una deuda persistente. Acceder a la justicia no es solo poder iniciar un proceso; es comprenderlo, sentirse escuchado y obtener respuestas en tiempos compatibles con la vida. El derecho fracasa cuando se vuelve una experiencia expulsiva, incomprensible o revictimizante.

Los diez años dejaron claro que el acceso a la justicia no se resuelve con discursos, sino con diseño institucional, lenguaje claro y prácticas empáticas. No es un eslogan: es una construcción cotidiana.

—Para cerrar: ¿qué te dejó personalmente esta década y qué exige el tiempo que viene?

Me dejó la certeza de que el derecho no se transforma de una vez y para siempre. Que no hay conquistas definitivas y que cada avance debe ser cuidado. El tiempo que viene exige menos celebración y más responsabilidad. Exige sostener lo construido, profundizarlo y corregir lo que no funcionó.

Si algo nos enseñaron estos diez años es que el derecho no se hereda ni se conserva solo. Se defiende, se practica y se construye todos los días. Y eso implica decisiones normativas, institucionales y políticas. No mirar el pasado con nostalgia, sino estar a la altura del presente.