Por Matías Leandro Rodríguez – Abogado, Comunicador / IG matiasleandro09 /

Lo ocurrido en el norte de Santa Cruz no es una tragedia; es un crimen de gestión por omisión. Un hecho que nos escupe en la cara la vigencia de una categoría que la política intenta maquillar con retórica de cotillón: la existencia de vidas prescindibles…  

La muerte de una mujer de diecinueve años en Caleta Olivia no es una tragedia; es un crimen de gestión por omisión. Es un hecho que nos escupe en la cara la vigencia de una categoría que la política intenta maquillar con retórica de cotillón: la existencia de vidas prescindibles. Lo que supura en el norte de Santa Cruz, con la misma virulencia que en los pasillos embarrados del conurbano o en las periferias invisibilizadas del Noroeste Argentino, no es un accidente del sistema. Es su producto más depurado.

Estamos asistiendo a la consolidación de una necro-administración que ha decidido, con la frialdad contable de un Excel, qué cuerpos merecen el amparo de la ley y qué cuerpos pueden ser arrojados al vacío. La obscenidad de esta muerte radica en su previsibilidad. Es el resultado final de un Estado que se ha convertido en un espectro burocrático; un simulacro que conserva edificios y sellos, pero que ha retirado el cuerpo de los territorios donde la vida, literalmente, se apaga por falta de sentido.

 Hay una paz obscena en las oficinas públicas donde los expedientes duermen el sueño de los justos. Es la comodidad del «falta la firma», esa pequeña excusa burocrática que sirve de coartada para la desidia. Nadie sostiene la soga solo, la sostenemos todos en el reparto de culpas. La gestión se ha vuelto un simulacro de papel: se llenan planillas mientras afuera, en el frío de Caleta, la vida se desangra. El ‘vuelva mañana’ no es un pedido de paciencia; es el epitafio cruel que el Estado le escribe a los que el sistema ya decidió olvidar.  

Resulta de una violencia intelectual intolerable que, mientras los despachos oficiales se llenan de protocolos de género y PDFs de buenas prácticas, la realidad material de una piba de diecinueve años sea el desierto de oportunidades y la intemperie psíquica. Hay una estafa ética en el corazón del sistema: se nos vende una democracia de derechos mientras se ejecuta una política de descarte. El Estado mata por goteo: en la sala de espera que no atiende, en el turno que no llega, en el teléfono de asistencia que da siempre ocupado. Es la burocracia del tiempo utilizada como herramienta de exterminio pasivo.

Caleta Olivia es hoy la foto revelada de una Argentina que ha naturalizado la segregación existencial. No estamos ante una crisis que «escala» como un fenómeno meteorológico; estamos ante una voluntad política de abandono. Cuando el Estado se retira de la salud mental y precariza la educación hasta el absurdo, no está ahorrando recursos: está firmando sentencias de muerte. Es una necrofagia institucional que se alimenta de la desesperanza de una generación a la que le hemos quitado hasta el derecho a imaginar un mañana.

Esta muerte es un dardo envenenado al corazón de nuestro pacto de convivencia. Si el derecho a la vida se reduce a la supervivencia biológica de quienes pueden pagársela, entonces nuestra arquitectura legal es un decorado de cartón pintado. Es obsceno que la respuesta ante el estallido de la angustia juvenil sea el silencio o la dilación administrativa. Se ha operado una privatización del dolor: el sistema le dice a la periferia que, si se hunde, es por falta de resiliencia individual, lavándose las manos en una palangana de meritocracia perversa.

Se le exige a la juventud de las periferias una «resiliencia» que no es otra cosa que el heroísmo de los desamparados. Se les pide que sean emprendedores de su propia salvación en un terreno minado por la falta de infraestructura psíquica y social. Es la perversión definitiva: si no logran salir del pozo, es por falta de voluntad individual y no por el peso de un sistema que les ha puesto una losa de concreto sobre las manos. El Estado les quita el suelo y luego les recrimina que no sepan volar.

La jerarquía de los derechos en este país está invertida: primero el equilibrio fiscal de las formas, último la carne viva de los ciudadanos. Lo que sucede en Caleta es la consolidación de «zonas de sacrificio» donde las garantías fundamentales son suspiritos de salón. No hay federalismo si nacer en ciertos códigos postales equivale a ser un ciudadano de segunda clase, un sujeto cuya existencia es, a ojos del poder, un ruido estadístico que se puede ignorar.

Mientras tanto, el centro del país discute estéticas de consumo y debates de nicho en redes sociales, operando una desconexión geográfica que es, en el fondo, una desconexión moral. Caleta Olivia queda a miles de kilómetros de la mirada de quienes deciden el presupuesto, pero la distancia no es física, es de clase. Para el poder central, el interior no es un territorio de sujetos, sino un yacimiento de recursos o un baldío electoral. Se extrae el petróleo, se extrae el voto, pero se deja un residuo de soledad que termina por asfixiar a los más jóvenes.

La indignación debe ser extrema porque la complicidad es generalizada. El Estado no es una entelequia para conferencias; es la mano que debe sostener al que se cae. En Caleta Olivia, esa mano se cerró para contar monedas mientras una vida se deslizaba al abismo.

La memoria de esta joven es el acta de defunción de nuestra ética colectiva. No hay teoría sociológica que explique el frío de una piba que se sabe prescindible para el país que habita. Es una crueldad sistémica que cuenta monedas mientras ella contaba sus últimos alientos en el desierto de Caleta. Si una existencia de diecinueve años no es razón suficiente para que el Estado detenga su maquinaria y se arrodille a socorrer, entonces apaguen las luces de los ministerios y cierren los tribunales. Han renunciado a lo humano. Han decidido que la muerte sea el único horizonte democrático para los que nacen del lado equivocado del olvido.