Por Matías Leandro Rodríguez – Abogado, Comunicador / IG matiasleandro09 /

La mayor amenaza no es una reforma laboral regresiva, sino que dejemos de percibirla como un problema. Cuando la precariedad se vuelve experiencia cotidiana, el derecho pierde espesor simbólico y la desigualdad se naturaliza.

Hay algo más inquietante que una reforma laboral regresiva: una sociedad que deja de percibirla como problema. No se trata simplemente de desinformación ni de apatía cívica; se trata de un fenómeno más profundo, casi antropológico. Cuando amplios sectores sociales responden “¿qué derechos?” frente a la advertencia de que podrían perderlos, lo que emerge no es ignorancia sino el resultado de un proceso largo y silencioso de deshilachamiento simbólico.

El derecho, para existir socialmente, necesita ser experimentado. Necesita encarnarse en la vida concreta de las personas. Y cuando la experiencia cotidiana ha estado marcada por la inestabilidad crónica, la facturación obligada, la jornada elástica, la ausencia de negociación real y la asunción individual del riesgo empresarial, el derecho laboral deja de ser un piso civilizatorio y se convierte en una promesa que nunca terminó de materializarse. Sin una experiencia que valide la norma, la resistencia colectiva se anula. Lo que la sociedad no asume como identidad jurídica propia termina por desvanecerse sin que nadie reclame su ausencia.

El derecho del trabajo nació para incomodar al mercado, no para celebrarlo. Su razón de ser fue – y sigue siendo – introducir límites allí donde la lógica económica tiende naturalmente a expandirse sin frenos. Jornada limitada, salario protegido, indemnización frente al despido arbitrario, libertad sindical, negociación colectiva: ninguna de estas categorías fue concesión graciosa. Fueron respuestas jurídicas a desigualdades estructurales que no desaparecen porque se las niegue. La ficción de que empleador y trabajador negocian en igualdad de condiciones fue desmontada hace más de un siglo, y sobre esa constatación se edificó un sistema protector que asumió una verdad incómoda: sin límites normativos, el poder económico avanza.

Cuando hoy se habla de “modernización” o “flexibilización”, el debate no es meramente técnico; es filosófico y profundamente político. Es una discusión sobre si el derecho debe seguir operando como límite o resignarse a convertirse en escribano de la lógica del mercado.

Esta invisibilidad se financia con una estafa semántica sofisticada: la del “colaborador”, el “emprendedor de sí mismo”, el “socio estratégico” de una plataforma. Bajo el brillo aséptico de una aplicación móvil se esconde la vieja explotación a destajo, pero sin el resguardo de la ley ni el reconocimiento de la subordinación real. La autonomía que se vende como emancipación es, en muchos casos, la transferencia integral del riesgo empresario al bolsillo del que menos tiene. Si la bicicleta se rompe, si el algoritmo penaliza, si la demanda cae o si la enfermedad interrumpe el flujo de ingresos, el mercado no reconoce vulnerabilidad: descarta ineficiencia.

La libertad de elegir en qué esquina esperar un pedido no es libertad sustantiva; es la gestión individual de la incertidumbre estructural. La tragedia de esta época no es la falta de libertad, sino su simulacro. Nos han convencido de que ser dueño de la propia explotación es una forma de soberanía. El “colaborador” que pedalea bajo la lluvia no está gestionando su tiempo; compite contra un fantasma matemático que no duerme, no enferma y no negocia. Es la libertad del náufrago: tiene todo el océano para elegir hacia dónde nadar, pero ninguna orilla donde hacer pie. En este esquema, el derecho laboral no es una rigidez del pasado: es el salvavidas que el mercado intenta presentar como un ancla.

La precarización no irrumpe de un día para otro; se instala culturalmente. Comienza cuando naturalizamos que el trabajador asuma riesgos que históricamente correspondían al empleador. Cuando celebramos la “autonomía” sin advertir que opera dentro de márgenes fijados unilateralmente por quien detenta el poder económico o tecnológico. Cuando la estabilidad es presentada como privilegio corporativo y la protección como obstáculo. Y así, lentamente, el lenguaje muta. El derecho deja de ser garantía para convertirse en costo. La tutela se transforma en rigidez. La organización colectiva en distorsión. El conflicto en amenaza. La desigualdad en eficiencia.

No es casual que esta erosión golpee con especial intensidad en los hogares donde el tiempo ya estaba previamente tensionado por las tareas de cuidado. El deshilachamiento de la jornada limitada no es un dato técnico: es una variable de género. Cuando el derecho se retira, alguien ocupa el vacío. Y esa carga, histórica y estructuralmente, recae sobre las mujeres. Sin licencias protegidas, sin estabilidad, sin negociación colectiva robusta, la llamada “flexibilidad” se traduce en dobles y triples jornadas que asfixian cualquier proyecto vital que exceda la mera supervivencia. El derecho al descanso y a la previsibilidad no es una comodidad; es la condición mínima para pensar una vida con autonomía real.

Lo verdaderamente alarmante no es solo la eventual reducción de indemnizaciones o la ampliación de jornadas. Es el desplazamiento del eje ético de la discusión pública. Cuando el debate se reduce a la competitividad y a la atracción de inversiones, sin incorporar la pregunta por la dignidad, se produce una asimetría argumentativa profunda. Porque la eficiencia económica puede expresarse en cifras; la dignidad no. Y aquello que no se cuantifica tiende a quedar fuera del cálculo político. El nuevo patrón ya no tiene rostro ni oficina; tiene interfaz. La asimetría de poder se ha desplazado de la mesa de negociaciones al código fuente. Cuando la sanción llega en forma de una cuenta bloqueada o una baja en la calificación de la aplicación, no hay descargo posible ante la frialdad binaria. Al despojar al trabajo de su dimensión humana, se lo despoja también de su capacidad de resistencia.

Existe además un fenómeno generacional que exige una mirada honesta. Muchas personas ingresaron al mundo del trabajo sin haber conocido plenamente el modelo clásico de protección. No vivieron la estabilidad como horizonte alcanzable ni la negociación colectiva como herramienta eficaz. Para ellas, la precariedad no es retroceso: es punto de partida. Por eso la idea de “pérdida” resulta difusa. No se pierde lo que nunca se tuvo. Pero esa constatación sociológica no legitima el retroceso normativo; lo vuelve más urgente de problematizar. El derecho laboral no fue concebido para épocas de bonanza sino para contextos de crisis y vulnerabilidad. Su esencia es contramayoritaria: proteger incluso cuando la mayoría circunstancial no percibe el riesgo.

La pregunta entonces no es solo qué artículos se modifican, sino qué concepción de ciudadanía laboral estamos dispuestos a sostener. Si el trabajo es únicamente una transacción económica, cualquier límite parecerá excesivo. Pero si el trabajo es también espacio de identidad, integración social y construcción de proyecto vital, entonces el derecho que lo regula no puede reducirse a variable de ajuste macroeconómico. La indiferencia frente a su transformación no es neutral; es performativa. Produce realidad. Consolida la idea de que la protección es opcional y que la desigualdad es un dato natural del paisaje.

La cuestión de fondo no es si el mercado necesita dinamismo. La cuestión es si estamos dispuestos a aceptar que ese dinamismo se construya debilitando los instrumentos que equilibran el poder. Porque, en definitiva, el derecho del trabajo no es una técnica neutra ni un obstáculo ideológico: es una toma de posición frente a la desigualdad. 

Y toda reforma que lo atraviese exige algo más que cálculo económico. Exige reconocer que cada retroceso normativo es también un retroceso cultural y que la dignidad no se negocia sin alterar, profundamente, la arquitectura democrática.