Por Matías Leandro Rodríguez – Abogado, Comunicador / IG matiasleandro09 /

Hay cambios de gabinete que se agotan en la lógica de la coyuntura y otros que obligan a pensar el momento institucional que atraviesa un país. La salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y la llegada de Juan Bautista Mahiques no puede leerse únicamente como un reemplazo funcional: expresa, más bien, una definición acerca de cómo el Poder Ejecutivo decide pararse frente a un Poder Judicial que, desde hace tiempo, oscila entre la autonomía necesaria y el riesgo de convertirse en un espacio cerrado sobre sí mismo.

Hace no mucho tiempo se habló de la justicia como un “búnker”: un ámbito que, frente a las tensiones sociales y políticas, optó por protegerse antes que dialogar, por resistir antes que transformarse. Esa imagen no buscaba deslegitimar al Poder Judicial, sino advertir sobre un peligro institucional profundo: cuando la justicia se repliega, deja de ser garantía de derechos para convertirse en estructura defensiva. Y cuando eso ocurre, pierde contacto con aquello que justifica su existencia democrática: la vida concreta de las personas.

El cambio en el Ministerio de Justicia aparece, entonces, en un momento particularmente sensible. No se trata solo de quién ocupa el cargo, sino del perfil elegido. El pasaje de un ministro identificado con la práctica penal tradicional hacia un funcionario proveniente del entramado institucional del sistema judicial parece insinuar una transición desde la exposición mediática hacia la ingeniería institucional. Pero esa transición abre interrogantes inevitables: ¿se busca fortalecer el diálogo entre poderes o consolidar nuevas formas de administración política de la justicia?

La pregunta no es menor porque el Ministerio de Justicia argentino habita una zona ambigua por naturaleza. No juzga, pero influye. No decide sentencias, pero condiciona escenarios. No integra el Poder Judicial, pero interviene en su arquitectura normativa y en sus equilibrios internos. Es, en definitiva, el espacio donde la política reconoce que la justicia importa demasiado como para ignorarla, pero demasiado como para controlarla abiertamente.

En ese delicado equilibrio se juega algo más profundo que una estrategia gubernamental: se juega la concepción misma de justicia que se pretende construir. Una justicia concebida como muro defensivo reproduce desigualdades porque solo interviene cuando el conflicto ya estalló. Una justicia pensada como política pública, en cambio, exige abrirse, escuchar, revisar prácticas y asumir que los derechos no son declaraciones abstractas sino experiencias cotidianas atravesadas por desigualdades estructurales.

El riesgo, claro está, es que la cercanía entre política y justicia derive en confusión de roles. América Latina conoce demasiado bien los efectos de la judicialización de la política y de la politización de la justicia. Ambas dinámicas erosionan la confianza social porque desplazan el centro del debate: las decisiones dejan de evaluarse por su justicia y pasan a medirse por su utilidad política. Allí la institucionalidad se vuelve frágil, incluso cuando conserva formas legales impecables.

Sin embargo, reducir este cambio a una disputa de poder sería una lectura incompleta. También puede leerse como una oportunidad. La llegada de un perfil con experiencia en la gestión judicial podría habilitar algo que el sistema argentino necesita con urgencia: abandonar la lógica del expediente como fin en sí mismo y recuperar la idea de justicia como servicio público. No como consigna declamativa, sino como práctica concreta orientada a remover obstáculos reales para el acceso a derechos.

Porque la crisis de legitimidad judicial no se explica solo por decisiones polémicas o demoras estructurales. Se explica, sobre todo, por la distancia emocional e institucional entre la justicia y la ciudadanía. Cuando las personas sienten que el sistema no las comprende, la justicia deja de ser refugio y pasa a percibirse como frontera. Y ninguna democracia puede sostenerse mucho tiempo con un poder estatal que genera más temor que confianza.

Atacar esa lógica – la del búnker – no implica debilitar la independencia judicial. Por el contrario, implica fortalecerla. Una justicia verdaderamente independiente no es la que se aísla, sino la que puede dialogar sin someterse, revisar sin claudicar y transformarse sin perder garantías. La independencia no se construye con muros, sino con legitimidad social.

El verdadero desafío del nuevo escenario no será técnico ni administrativo. Será cultural. Consistirá en demostrar que la justicia puede dejar de ser un territorio inaccesible para convertirse en un espacio de construcción democrática. Que las instituciones no están destinadas a defenderse de la sociedad, sino a responderle.

Tal vez allí radique la esperanza posible detrás de un cambio que, a primera vista, podría parecer meramente político. Cada transición institucional abre una disputa silenciosa sobre el sentido del derecho: si será herramienta de conservación o motor de transformación.

La justicia argentina necesita menos refugios y más puentes. Menos lógica de trinchera y más vocación de escucha. Si este movimiento logra correr apenas un centímetro ese límite – si permite que la justicia salga del búnker sin perder su independencia – entonces el cambio habrá tenido un significado que excede largamente a un nombre propio.

Porque la legitimidad de la justicia no se mide por su aislamiento, sino por su capacidad de bajarse del estrado para intervenir en el territorio. La verdadera independencia es la que se anima a mirar de frente las desigualdades estructurales. 

Anhelamos que esa perspectiva humana y situada deje de ser la excepción para transformarse, finalmente, en el corazón de nuestra política institucional.