Por Matías Leandro Rodríguez – Comunicador, Abogado

El Congreso acaba de dar media sanción a un proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad. La noticia quedó sumergida entre los titulares que, con justa razón, pusieron el foco en la nueva fórmula jubilatoria. Porque también allí hay una urgencia, una deuda, una vida que no espera. Pero hay otra parte del mismo drama que aún sigue sin la visibilidad que merece: la de quienes viven con discapacidad, y han sido históricamente los últimos en la fila del reconocimiento, del presupuesto y de la empatía pública.

La declaración de emergencia no es un gesto vacío. Nace de la realidad: transportes interrumpidos, terapias suspendidas, pagos atrasados, prestaciones en caída libre, burocracias que demoran y un sistema de apoyos que ya no alcanza. Es la precarización estructural de vidas que, incluso en tiempos “normales”, enfrentan barreras invisibles para el resto. Hoy, esas barreras son muros.

Lo que se votó en Diputados no es caridad. Es un acto de mínima justicia. Porque cuando el ajuste es ciego, no solo recorta gastos: arrasa derechos. Y entre esos derechos arrasados, los de las personas con discapacidad están entre los más postergados. No por debilidad, sino por abandono. Porque el Estado llega tarde, mal o nunca. Y cuando llega, muchas veces lo hace como limosna.

El Presidente advirtió que vetará la ley si se aprueba en el Senado. Argumenta que el equilibrio fiscal no admite excepciones. Pero ¿qué tipo de equilibrio puede llamarse justo si se logra sobre la base del sufrimiento de quienes menos tienen? ¿Qué tipo de país se construye cuando se toma como “gasto” aquello que, en verdad, debería ser el núcleo ético de toda política pública?

No se trata de enfrentar vulneraciones, ni de disputar compasión. Los jubilados no pueden esperar. Las personas con discapacidad, tampoco. La dignidad no entra en ranking. No hay prioridades cuando todo es urgente. Pero lo que diferencia a esta parte del proyecto es que apunta a quienes casi nunca aparecen en los discursos, a quienes no marchan por miles, a quienes no llegan a las cámaras de televisión.

Por eso esta media sanción es también un gesto político: el reconocimiento, tardío pero vital, de que no puede haber justicia social si se deja caer a quienes más han sido dejados atrás. Que no se trata solo de sostener lo que hay, sino de evitar que todo se desmorone.

Si el Estado decide vetar esta ley, que al menos lo diga sin eufemismos. Que no lo disfrace de eficiencia. Que asuma con honestidad que hay vidas que considera prescindibles. Porque detrás de cada recorte hay un rostro. Y detrás de cada omisión, una biografía que se apaga un poco más.

Media sanción no es suficiente. Pero puede ser el primer paso de una política que no tema decir lo que casi nunca se dice: que cuidar es una obligación del Estado, no una opción del mercado. Y que el verdadero déficit no es fiscal, sino ético.

Porque lo contrario al cuidado no es la austeridad. Es la crueldad burocratizada.

Y eso, a la larga, no lo equilibra ninguna cuenta.