Por Matías Leandro Rodríguez – Abogado, Comunicador 

Recientemente, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, instó a la comunidad jurídica a abandonar el hermetismo y adoptar el “lenguaje claro” como un estándar de la profesión. No se trata de un simple consejo de estilo, sino de un cuestionamiento profundo a la forma en que el Derecho se comunica con la sociedad. Esta propuesta abre un debate postergado: ¿es la oscuridad jurídica una necesidad técnica o un mecanismo de exclusión?

La obsesión por el hermetismo jurídico no es una búsqueda de rigor técnico, sino el último refugio de una aristocracia del saber que se resiste a la democratización real del conflicto social. Durante décadas, el «hablar difícil» ha sido erigido como un fetiche, una suerte de validación de casta donde la oscuridad gramatical funcionaba como un dispositivo de exclusión para los «no iniciados».

Sin embargo, sostener que la complejidad del derecho justifica su ininteligibilidad es caer en una falacia epistemológica peligrosa. La verdadera precisión no reside en el uso de latinismos anacrónicos o sintaxis circulares, sino en la capacidad de la norma y de la sentencia para impactar en la realidad del sujeto. Un derecho que no se comprende es un derecho que no se ejerce, y una justicia que se oculta tras muros de niebla retórica es, en esencia, una justicia que violenta el principio de autonomía de las personas. La claridad no es una concesión estética; es una obligación republicana y un imperativo de derechos humanos que devuelve al ciudadano el protagonismo que la burocracia le arrebató.

Frente a las voces reaccionarias que denuestan el lenguaje claro tildándolo de «simplificación pueril» o de «pérdida de solemnidad», es necesario ser tajantes: confunden solemnidad con oscurantismo. El argumento de que el lenguaje técnico es intocable por su supuesta exactitud científica esmerila su propia base cuando se enfrenta a la realidad de una sentencia que debe ser cumplida por alguien que no tiene por qué ser experto en dogmática procesal.

¿De qué sirve la «pureza» de un término si su destinatario final queda reducido a un mero objeto de la decisión judicial, incapaz de entender las razones de su propia suerte? La técnica debe estar al servicio de la eficacia comunicacional, no al revés. No hay mayor falta de rigor que la ambigüedad disfrazada de léxico barroco. El lenguaje claro es, precisamente, la expresión máxima de la sofisticación intelectual, porque exige del operador jurídico un dominio tan profundo del concepto que le permita traducirlo sin traicionarlo, despojándolo de los adornos innecesarios que solo sirven para inflar egos académicos.

En este escenario, el planteo de Horacio Rosatti sobre el equilibrio entre la modernización tecnológica y la claridad expresiva cobra una dimensión constitucional insoslayable. No estamos discutiendo una cuestión de estilo literario, sino el derecho humano a entender. La tutela judicial efectiva comienza por la palabra; es el primer eslabón de una cadena que debe garantizar el acceso real, y no meramente formal, a las instituciones. Quienes se oponen a este avance desde una supuesta defensa de la tradición legal, omiten que la tradición sin sentido es simplemente un lastre.

La verdadera vanguardia jurídica, esa que realmente tiene la mirada puesta en la vulnerabilidad y la interseccionalidad, entiende que el lenguaje es una herramienta de emancipación. Desarmar el discurso críptico de los tribunales es un acto de soberanía ciudadana. 

Es hora de entender que la elegancia de un sistema jurídico no se mide por la altura de sus estrados ni por la opacidad de sus considerandos, sino por la transparencia con la que es capaz de hablarle de frente a su pueblo.