El Gobierno provincial avanza en la firma de convenios con municipios y comisiones de fomento para fortalecer la aplicación territorial de políticas destinadas a niñez, adolescencia, personas mayores y personas con discapacidad. Villa La Angostura, Villa Traful, Junín de los Andes y Pilo Lil ya suscribieron los acuerdos.

El gobierno provincial continúa avanzando en el proceso de descentralización de políticas públicas sociales, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial del Estado y garantizar respuestas más rápidas y eficaces frente a situaciones de vulnerabilidad.

A través del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, se puso en marcha un esquema de asistencia económica destinado a municipios y comisiones de fomento para la ejecución de programas y dispositivos vinculados a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

La medida contempla una inversión total de 2.400 millones de pesos, con aportes económicos no reintegrables que serán transferidos de manera trimestral a los gobiernos locales que adhieran a los convenios de descentralización.

“Detrás de cada firma hay un gran trabajo en equipo, la articulación con municipios y comisiones de fomento es fundamental porque son quienes conocen de cerca cada realidad y pueden llegar más rápido a las familias que necesitan acompañamiento”, señaló el ministro Lucas Castelli.

En esta primera etapa, ya firmaron los convenios los municipios de Villa La Angostura y Junín de los Andes, junto a las comisiones de fomento de Villa Traful y Pilo Lil. Próximamente lo harán el resto de las intendencias y municipios de segunda y tercera categoría de la provincia.

Los fondos estarán destinados exclusivamente a la implementación de acciones vinculadas a las Leyes 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 2955 de Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, 3349 de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y 1634 de Protección Integral para Personas con Discapacidad.

La iniciativa busca consolidar un modelo de trabajo articulado entre provincia y gobiernos locales, entendiendo que la cercanía territorial permite detectar con mayor rapidez las problemáticas sociales y brindar un acompañamiento más eficiente a las familias y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

“Esta política forma parte de una estrategia de ordenamiento y redistribución de recursos, orientada a fortalecer la inclusión, garantizar derechos y acompañar a quienes más lo necesitan”, cerró.