Mientras el debate público parece fascinado por las falsas denuncias, las violencias estructurales siguen desafiando al sistema de justicia. En esta conversación con Gustavo Zwanck, Matías Leandro Rodríguez propone correr el foco de las excepciones para volver a discutir aquello que realmente importa.

G.Z.: En los últimos años se instaló con mucha fuerza una discusión que atraviesa tanto a la sociedad como al Poder Judicial. Hay quienes sostienen que el avance de la perspectiva de género terminó generando una suerte de presunción social de culpabilidad sobre los hombres y que el sistema perdió equilibrio. ¿Te parece una crítica atendible?

M.L.R.: Me parece una crítica interesante para pensar, pero equivocada en el diagnóstico. Parte de una premisa falsa: que la perspectiva de género vino a alterar una situación de neutralidad previa. Y la verdad es que el derecho nunca fue neutral. Durante siglos naturalizó desigualdades, distribuyó credibilidades de manera profundamente asimétrica y produjo decisiones atravesadas por estereotipos que ni siquiera eran advertidos como tales. La perspectiva de género no rompe un equilibrio; pone en evidencia que ese equilibrio nunca existió. Es una herramienta metodológica para mirar aquello que antes permanecía fuera de campo. Nadie dice que un microscopio inventó las bacterias porque permitió observarlas. Del mismo modo, reconocer relaciones de poder no significa crearlas. Significa dejar de ignorarlas.

Lo que ocurre es que toda ampliación de derechos genera la sensación de que alguien perdió privilegios, cuando en realidad lo que perdió fue la comodidad de no tener que revisar sus propias categorías de análisis. Por eso me preocupa cuando se presenta la perspectiva de género como una amenaza para la imparcialidad judicial. La verdadera amenaza para la imparcialidad siempre fueron los prejuicios, y los prejuicios no desaparecen por ignorarlos.

G.Z.: Sin embargo, una parte importante de la opinión pública percibe que hoy denunciar resulta más sencillo que defenderse de una denuncia. Esa percepción existe. ¿Cómo la interpretás?

M.L.R.: La interpreto como un fenómeno cultural muy interesante. Porque las percepciones también tienen historia. Cuando una sociedad empieza a escuchar relatos que antes permanecían silenciados, inevitablemente aparece la sensación de que «algo se desbordó». Pero una cosa es que aumente la visibilidad y otra muy distinta que aumente el fenómeno. Pensemos en los delitos económicos. Cuando se fortalecieron los organismos de control y comenzaron a detectarse más maniobras de lavado de dinero, nadie sostuvo seriamente que el problema eran las investigaciones. Entendimos que lo que había mejorado era la capacidad de detectar conductas que antes pasaban inadvertidas. Con la violencia ocurre algo parecido. Lo paradójico es que la conversación pública se desplaza muy rápido hacia el supuesto exceso de denuncias y muy lentamente hacia las razones por las cuales durante tanto tiempo no existieron. Nos preocupa mucho quién habla. Bastante menos aquello de lo que habla. Esa asimetría, más que jurídica, es cultural.

G.Z.: Ahora bien, nadie puede negar que las falsas denuncias existen. ¿No sería un error minimizar ese fenómeno?

M.L.R.: Claro que existen. Como existen las denuncias falsas en cualquier otro ámbito del derecho. Como existen los testimonios mendaces, las pericias defectuosas, las absoluciones injustas y las condenas erróneas. El derecho convive con la posibilidad del error desde su nacimiento. El problema comienza cuando la excepción se convierte en el principio organizador del debate. Imaginemos que un hospital decidiera organizar toda su estructura pensando exclusivamente en las enfermedades ultrarraras. Nadie discutiría la importancia de investigarlas. Pero sería absurdo destinar la mayor parte de los recursos a aquello que representa una porción ínfima de los casos mientras las patologías más frecuentes quedan desatendidas. Algo parecido sucede cuando el sistema judicial comienza a pensar la violencia de género desde el miedo a la falsa denuncia y no desde la realidad cotidiana de las violencias efectivamente existentes. El derecho necesita proporcionalidad. Sin ella, deja de administrar justicia para administrar temores.

G.Z.: Quienes insisten en visibilizar las falsas denuncias suelen afirmar que existe cierta resistencia a hablar del tema porque resulta políticamente incómodo. ¿Hay algo de cierto en esa crítica?

M.L.R.: Creo que ocurre exactamente al revés. Lo políticamente rentable es hablar de las falsas denuncias. Porque permiten construir un relato tranquilizador. Si el problema son algunas denuncias infundadas, entonces ya no hace falta discutir desigualdades estructurales, prácticas institucionales, dependencia económica, violencia psicológica, revictimización o dificultades probatorias. Todo queda reducido a una historia simple: cuidado con quien denuncia. Es un relato muy eficiente porque desplaza el foco del poder hacia quien lo cuestiona. Y esa operación tiene una larga tradición histórica. A las mujeres, a las niñas, a los niños y a los adolescentes que denunciaban violencia rara vez se les preguntaba primero qué había ocurrido. Con mucha frecuencia se les preguntaba si estaban diciendo la verdad. Esa sospecha tiene siglos de antigüedad. Lo novedoso no es la sospecha; lo novedoso es que hoy algunos la presentan como si fuera una sofisticada defensa del Estado de derecho.

G.Z.: Algunos sostienen que incorporar perspectiva de género implica abandonar la objetividad judicial y reemplazar el derecho por una mirada ideológica. ¿Es posible una justicia completamente objetiva?

M.L.R.: Creo que la idea de una objetividad absolutamente pura pertenece más al terreno de los mitos que al de la teoría del conocimiento. Ningún juez llega al expediente como una hoja en blanco. Todos interpretamos la realidad desde una determinada formación, una experiencia de vida, un lenguaje y una cultura. La diferencia entre un buen juez y uno malo no radica en que uno tenga sesgos y el otro no. Radica en que el primero los reconoce y procura controlarlos, mientras el segundo supone que no existen.

La perspectiva de género no sustituye la objetividad; la vuelve más exigente. Obliga a preguntarse qué presupuestos estamos dando por obvios, qué estereotipos pueden estar influyendo en nuestra valoración de la prueba y qué aspectos de la realidad permanecen invisibles porque siempre fueron considerados «normales». La verdadera objetividad no consiste en negar el contexto, sino en impedir que nuestros prejuicios se disfracen de sentido común.

G.Z.: Hay otra objeción frecuente. Se sostiene que, en la práctica, la palabra de la víctima termina adquiriendo un peso probatorio superior al que debería tener. ¿Compartís ese diagnóstico?

M.L.R.: No. Y creo que ese planteo parte de una confusión bastante habitual entre valorar la prueba y sustituir la prueba. Ningún juez serio condena porque alguien habló. Condena cuando, luego de un análisis integral del material probatorio, alcanza el estándar de convicción que exige el proceso. Lo que ocurre es que determinados delitos suceden en ámbitos de intimidad, sin testigos, sin cámaras y muchas veces sin evidencia física persistente. Pretender el mismo tipo de prueba que exigiríamos para un accidente de tránsito filmado por veinte cámaras de seguridad no fortalece las garantías; simplemente desconoce la naturaleza del fenómeno que se pretende juzgar. El derecho hace décadas que adapta sus criterios probatorios según el tipo de conflicto. Lo hace en materia ambiental, en delitos económicos, en corrupción y en criminalidad organizada. Curiosamente, algunos descubren un rigorismo casi religioso cuando aparecen las violencias por razones de género. Y esa selectividad también merece ser analizada.

G.Z.: Hay magistrados que expresan cierta preocupación por una aplicación acrítica de la perspectiva de género. Temen que, en algunos casos, el contexto termine desplazando el análisis estrictamente probatorio. ¿Cómo respondés a ese planteo?

M.L.R.: Yo respondería con otra pregunta: ¿desde cuándo conocer mejor el contexto produce peores decisiones? Ningún médico diagnostica sin antecedentes clínicos. Ningún economista analiza una crisis sin mirar indicadores históricos. Ningún sociólogo interpreta un fenómeno aislando completamente las condiciones en las que ocurre. Sin embargo, algunos creen que el derecho debería analizar relaciones humanas complejísimas como si ocurrieran en el vacío. El contexto no reemplaza la prueba. Le da sentido. Porque las pruebas nunca hablan solas. Siempre son interpretadas por alguien. Y ese alguien también tiene una historia, una formación, prejuicios, experiencias y categorías culturales. La verdadera objetividad no consiste en negar esa realidad, sino en hacer el esfuerzo intelectual por reconocerla y controlarla.

G.Z.: Vos solés hablar de un «confort burocrático de la sospecha». Es una expresión potente. ¿Qué significa exactamente?

M.L.R.: Significa que la sospecha puede convertirse en una forma rutinaria de administrar expedientes. Hay algo muy cómodo en desconfiar. Sospechar exige mucho menos esfuerzo que comprender. Si uno parte de la idea de que la víctima exagera, que el niño fue manipulado o que la madre inventa, ya no necesita estudiar dinámicas de violencia, relaciones de poder, dependencia emocional o coerción. Todo queda explicado de antemano. La sospecha funciona como un atajo intelectual. Y los atajos, en la justicia, suelen ser peligrosos. Lo preocupante es cuando ese mecanismo deja de ser una actitud individual y empieza a adquirir legitimidad institucional. Porque entonces deja de ser un prejuicio para convertirse en un método. Y cuando la sospecha se burocratiza, deja de ser una herramienta excepcional para transformarse en el idioma cotidiano del expediente.

G.Z.: ¿Existe también el riesgo inverso? Es decir, que por temor a no proteger suficientemente, el sistema adopte decisiones apresuradas.

M.L.R.: Todo sistema de justicia convive con riesgos. La cuestión es cuáles decide priorizar y por qué. Las medidas cautelares, por ejemplo, siempre implican decisiones adoptadas en contextos de incertidumbre. Ocurre en el derecho comercial, en el administrativo, en el ambiental y también en el derecho de familia. Nadie exige certeza absoluta para evitar el derrumbe de un edificio o para suspender una actividad contaminante. ¿Por qué? Porque el derecho también administra riesgos. Lo importante es que esas decisiones sean fundadas, proporcionales y revisables. Ahora bien, convertir el temor a equivocarse en una excusa para no proteger también es una forma de tomar partido. La inacción nunca es neutral. También produce consecuencias.

G.Z.: Quisiera preguntarte por una discusión que reaparece periódicamente: el denominado Síndrome de Alienación Parental y otras construcciones similares. ¿Por qué considerás que siguen teniendo influencia en algunos ámbitos judiciales?

M.L.R.: Porque las malas ideas tienen una extraordinaria capacidad de reinventarse. Mueren científicamente y resucitan discursivamente. Cambian de nombre, modifican algunas expresiones, incorporan terminología nueva y vuelven a circular como si hubieran descubierto un fenómeno desconocido. Lo verdaderamente preocupante no es que existan personas que crean en esas teorías. Lo preocupante es cuando ingresan al expediente con apariencia de conocimiento científico. Porque entonces dejan de ser una opinión para transformarse en un criterio de decisión. Y allí el problema deja de ser académico para convertirse en institucional. Muchas de estas construcciones comparten una misma lógica: desplazar la discusión desde la violencia denunciada hacia la supuesta patología de quien denuncia. Es un movimiento muy eficaz. Si el problema es la denunciante, ya no hace falta analizar aquello que denuncia.

G.Z.: Entonces, si el problema no es negar la existencia de denuncias falsas, ¿por qué creés que ocupan un lugar tan central en el debate público?

M.L.R.: Porque cumplen una función simbólica muy poderosa. Las falsas denuncias permiten construir una explicación sencilla para un fenómeno extraordinariamente complejo. Nos ofrecen un monstruo perfectamente identificable. Y los monstruos son tranquilizadores porque tienen rostro. Las estructuras, en cambio, son incómodas. Obligan a revisar instituciones, prácticas judiciales, relaciones familiares, desigualdades económicas, modelos de masculinidad y formas de ejercer el poder. Es mucho más fácil discutir una excepción que transformar una estructura. En el fondo, el debate sobre las falsas denuncias dice mucho menos sobre las estadísticas que sobre nuestras resistencias culturales. El verdadero escándalo no es la denuncia falsa; es la fascinación que produce. Porque esa fascinación nos permite dejar de mirar aquello que realmente debería inquietarnos.

G.Z.: Para terminar. Si pudieras dirigirte, sin solemnidad pero con absoluta franqueza, a quienes hoy integran la magistratura, ¿qué les dirías?

M.L.R.: Les diría que desconfíen de sus propias fascinaciones. El derecho tiene una tendencia peligrosísima a enamorarse de las excepciones porque las excepciones son intelectualmente seductoras. Dan excelentes clases, excelentes congresos y excelentes discusiones de café. Pero los jueces no gobiernan excepciones; gobiernan realidades. Y la realidad sigue siendo obstinada. Las violencias continúan siendo estructurales. Las barreras para acceder a la justicia siguen existiendo. Los prejuicios todavía se infiltran en los expedientes con una naturalidad sorprendente. La sospecha conserva un prestigio que la escucha nunca terminó de conquistar. El desafío no consiste en abandonar las garantías constitucionales, sino en dejar de utilizarlas como una coartada para no mirar aquello que ocurre delante de nuestros ojos. Porque una justicia verdaderamente independiente no es la que sospecha de todos por igual. Es la que tiene el coraje intelectual de distinguir entre la excepción y la regla, entre el miedo y la evidencia, entre el ruido del debate público y la realidad concreta de quienes llegan a un tribunal buscando algo tan elemental como ser escuchados. Y agregaría una última cosa: los monstruos siempre capturan nuestra atención, pero son los laberintos los que terminan cobrándose vidas. La magistratura haría bien en recordar esa diferencia.